Se trata de la cláusula de la decisión administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros, anclada en el decreto 297, que regula el Programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción, por la que aquellos empresarios que tengan un nivel de facturación de más del 15 por ciento respecto del mismo mes del año anterior, quedarán por fuera de la adquisición del subsidio que permite afrontar la mitad del costo laboral de los empleados.
Además, en un segundo orden, los sujetos plausibles de la ayuda oficial, que ingresen en un segmento neto de ventas en pesos que va entre los 15 y 40 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2019, solo pueden pedir un crédito del gobierno a tasa del 24 por ciento fija con 12 meses para pagarlo.
Pero a partir de facturas comparadas en un año de más del 40 por ciento, sus emisores no tendrán derecho a ninguno de los beneficios que aplica el Estado Nacional para enfrentar la pandemia.
“Con estas premisas, combinadas en un contexto de aumento de los precios al surtidor, puede suceder que a pesar de no alcanzar el nivel de ventas para lograr el equilibrio del establecimiento, el expendedor tampoco pueda recibir los ATP ni los préstamos para pagar los salarios”, afirmó en diálogo con surtidores.com.ar, el asesor Tributario de la Federación de Entidades de Combustibles, Sebastián Vázquez.
Consideró que este fenómeno resulta un despropósito a la hora de hacer un balance relacionado con las necesidades de los operadores de Estaciones de Servicio que prestan una actividad esencial y que además se ven imposibilitados de despedir personal por no poder sostener los ingresos mínimos.
“Si se tienen ventas medidas en pesos comparadas con el mismo mes del año anterior, pero la medición se hace por cantidad de dinero en lugar de volúmenes de expendio, llegamos a la conclusión que mientras se factura un número mayor porque los precios se actualizaron casi un 10 por ciento, se trabajó menos y por ende, la facturación no refleja finalmente la realidad de una moneda que además perdió valor”, aseguró.
Vázquez admitió finalmente, que ve con preocupación las consecuencias de las últimas medidas en materia financiera, que van en línea con restricciones impuestas a los requisitos para solicitar programas de asistencia al empleo y la producción.
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