Controles de empresas sobre todos los comprobantes

Las empresas reciben todos los días facturas de sus proveedores, cuando adquieren un bien o contratan un servicio. Si esos comprobantes no cumplen con todos los requisitos que exigen las normas, podrían ser impugnados por la AFIP. De esta manera, el crédito fiscal y la deducción del gasto serían inválidos; y hasta se podría llegar, a pesar de que en teoría no corresponda, a considerar al documento como apócrifo. Actualmente, no existe norma vigente que obligue a los contribuyentes a validar todas las facturas que reciben. Para evitar sorpresas, previamente a realizar cada pago es conveniente efectuar determinados controles que ayudan a validar cada uno de los comprobantes recibidos.

Adicionalmente, es importante verificar que se encuentre activa la constancia de inscripción del proveedor, que surge desde la página Web de la AFIP, porque si no lo está al pagarle habría que considerarlo como un «sujeto no categorizado». Con la generalización del uso de la factura electrónica, ya todos los comprobantes que se reciben de los contribuyentes inscriptos en el IVA, tienen que haberse emitido en forma digital. Ante la llegada de un comprobante inválido, que no reúne alguno de los requisitos exigidos por las normas, en primera instancia la AFIP intentará considerarlo como apócrifo; sin embargo, no lo es porque la operación existió y tuvo sus consecuencias tributarias. No es lo mismo un comprobante inválido que uno apócrifo, el primero no cumple con lo que exige las resoluciones de la AFIP; en cambio, el segundo simula una operación que no existió; en el primer caso hubo negligencia, una falla formal; en cambio, en el segundo hubo intención o dolo, por ese motivo cada caso debería tener sanciones diferentes.

Qué exigen las normas:

La ley de procedimiento (11.683), en su artículo 34 faculta al Poder Ejecutivo a condicionar el cómputo de las deducciones, los créditos fiscales y sobre los demás efectos tributarios de interés del contribuyente a la utilización de determinados medios de pago u otras formas de comprobación de las operaciones. En los casos en que los contribuyentes no utilicen tales medios o no realicen la validación de los comprobantes, quedarán obligados en otra instancia a demostrar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor los créditos y las deducciones impositivas. A pesar que la ley antievasión (25.345) no admita que el contribuyente pueda demostrar que la operación existió, si no se utilizaron los medios de pago definidos en la norma, este artículo de la ley de procedimiento le otorga siempre esa posibilidad de demostrar la existencia de la operación y de esta manera se autoriza a computar los comprobantes, como crédito fiscal en el IVA y como gasto en el Impuesto a las Ganancias. En este punto, como en otros casos dentro del sistema tributario argentino, dos leyes vigentes dicen sobre un mismo tema cosas diferentes.En cuanto a la obligación de verificar la validez de los comprobantes, la ley establece que si las facturas no reúnen todos los requisitos que establecen las normas, se impugnarán los gastos y créditos fiscales de los contribuyentes que por sus compras o locaciones reciban facturas o documentos equivalentes, apócrifos o no autorizados, sólo en la medida que estuvieran obligados a realizar la constatación dispuesta en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 33 de la ley 11.683. Este artículo dispone lo siguiente: «los contribuyentes estarán obligados a constatar que las facturas o documentos equivalentes que reciban por sus compras o locaciones, se encuentren debidamente autorizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos. El Poder Ejecutivo nacional limitará la obligación establecida en el párrafo precedente, en función de indicadores de carácter objetivo, atendiendo la disponibilidad de medios existentes para realizar, la respectiva constatación y al nivel de operaciones de los contribuyentes…». En el 2007, a través del decreto 477, aún sin reglamentar por la AFIP, se dispuso que «están obligados a constatar la debida autorización de las facturas o documentos equivalentes los siguientes sujetos:

1) Exportadores y sujetos que realicen actividades asimilables a la exportación, con carácter de habitualistas.

2) Contribuyentes que actúen como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado.

3) Contribuyentes que reciban comprobantes electrónicos. Actualmente todos los contribuyentes reciben ese tipo de comprobantes, por lo que la obligación se extiende a todo el universo de los contribuyentes.

4) El Estado Nacional y sus dependencias y/u organismos dependientes, centralizados, descentralizados o autárquicos.»

Por otro lado, otra norma también se refiere a los datos que tienen que controlarse cuando se recibe un comprobante, es la resolución 100 de la AFIP, que en su artículo 41 establece lo siguiente: «No serán considerados válidos a los efectos del cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés para el comprador, locatario o prestatario los comprobantes que no contengan los siguientes datos: a) Respecto del emisor: Apellido y nombre o razón social, domicilio comercial, categorización frente al IVA y CUIT; b) Respecto del comprobante: Fecha de emisión, numeración de 12 dígitos, código de autorización de impresión (CAI) y fecha de vencimiento. Pero la misma norma establece a favor de los contribuyentes que siempre se podrá demostrar que la operación existió. Lógicamente, en estos casos deberían haberse realizado las retenciones correspondientes y utilizado los medios de pago que establece la ley 25.345. Resumiendo, la situación óptima sería controlar todas las facturas que se reciben, a pesar que todavía no exista una obligación dispuesta por ninguna norma que obligue a realizar esa tarea. Como última opción, si no se efectuó el control del comprobante quedará la posibilidad de discutir con la AFIP sobre la veracidad de la existencia de la operación.

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