En medio de la tensión por Vaca Muerta, se definen ventajas para que las empresas exporten más. El Gobierno aceptaría subas de combustibles menores a la inflación.
Es casi como resolver el cubo mágico. Y en el Gobierno creen que encontraron una forma de hacerlo. El negocio petrolero presenta una opción de generación de dólares a través de la exportación de lo que produce el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, pero también un desafío porque el sendero de precios en los surtidores que necesitan las empresas puede complicar el intento de bajar la inflación.
Así, el Poder Ejecutivo está dándole forma a una especie de pacto con la principales compañías del rubro. Por un lado, ya trabaja en un proyecto de ley de hidrocarburos que se tratará en sesiones extraordinarias que incluirá amplias ventajas fiscales y facilidades para las ventas externas. Por el otro, el equipo económico está esperando que el sector le presente un cronograma de aumentos de naftas y proyectos de inversión con un requisito clave: que los incrementos estén entre 5 y 7 puntos por debajo de la inflación del año.
Según pudo confirmar PERFIL de un alto funcionario del Gobierno, los lineamientos centrales del proyecto de hidrocarburnos que ingresará al Congreso para las sesiones extraordinarias incluyen:
◆ estabilidad fiscal por un plazo que se discute si será de 3, 5 o 10 años, para garantizar una foto sin cambios de los impuestos que pagan las compañías, donde el caso testigo es el beneficio que tiene desde los 90 el sector minero gracias a una ley específica;
◆ libre disponibilidad de barriles para exportación, con un cupo a definir; hoy se producen 550 mil barriles por día, unos 100 mil metros cúbicos diarios, equivalentes aproximadamente al consumo interno;
◆ eliminación de la resolución que permite a la Secretaría de Energía definir el precio interno del crudo cuando un productor y exportador de hidrocarburos le vende a un refinador que no produce y que abastece el mercado interno;
◆ extensión a todo el sector del convenio laboral de Vaca Muerta, que es la adenda que el gobierno de Macri le incluyó para flexibilizar condiciones de trabajo y abaratar costos;
◆ cambios en la forma de los contratos de venta de petróleo entre refinadores y productores;
◆ amortización acelerada de bienes de capital. Se trata del proyecto clave que todas las compañías del sector intentan influenciar con borradores propios, y que genera todo tipo de lobbies.
Guillermo Nielsen, el titular de YPF que esta semana estará en el Foro de Davos, trabaja en un borrador desde antes de asumir, pero no es validado en un 100% en la Casa Rosada.
La mesa política por ahora, sostiene estos ejes porque, según la fuente “buscan promover un régimen de incentivo de inversión”. “Vamos a apostar a duplicar en 4 años la cantidad de barriles de producción entre convencionales y no convencionales, porque la exportacion de barriles de petroleo te genera un saldo muy alto en la balanza de superávit comercial y además, te baja el precio del gas”, explican.
Pero no hay proyecto de inversión en petróleo si no está claro el rumbo de los aumentos de combustibles. Y de la reunión de los titulares de YPF, Tecpetrol, Total, Shell, Pan American Energy y otras compañías esta semana con el Presidente surgió el compromiso del sector de presentar un acuerdo que tenga aumentos para el año que permitan un plan de negocios, para un área que sufre un frenazo desde que en agosto se congelaron los incrementos.
“La estrategia del Gobierno es que las naftas se muevan debajo del promedio de los precios generales de la economía”, dicen técnicos del Poder Ejecutivo.
Un modelo elaborado por el estudio EcoGo muestra que podrían trepar unos 5 puntos por debajo de una inflación de 35 o 40% para el año. El punto en conflicto es que las petroleras denuncian 15% de atraso respecto de la suba del dólar y el valor del barril de crudo.
Será clave para aflojar la tensión laboral en, por ejemplo, Vaca Muerta. Hay 2 mil empleos en suspenso bajo conciliación obligatoria, que serán objeto de negociación mañana entre empresas y gremios convocados por el Ministerio de Trabajo.
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