La ley de hidrocarburos se demora hasta mitad de año, hay dudas respecto del precio de los combustibles y falta nombrar directores en entes reguladores y en el área de renovables.
Tal vez haya pocas áreas en el Gobierno en las que las distintas corrientes de la coalición del Frente de Todos sean tan visibles como en energía, un sector al que el presidente Alberto Fernández ve como el que puede sacar al país adelante, junto con el campo y la minería. La cuestión es que, al haber tantos actores, es difícil saber quién es el interlocutor al que los empresarios van en busca de información para decidir sus inversiones. «Este año ya está perdido -dicen en la industria-. Las empresas deciden sus inversiones en octubre, tal vez se pueda salvar el próximo año, si se da una señal desde ahora hasta entonces».
El incentivo que quería ofrecer el Gobierno era la implementación de la ley de hidrocarburos, «para poder llevar previsibilidad, estableciendo reglas claras e iguales para todos», como dijo el secretario de Energía, Sergio Lanziani, cuando se reunió, la semana pasada, con las autoridades de Shell. Sin embargo, hay muchos que dudan de que la ley vaya a ser finalmente tratada en sesiones extraordinarias, como les dijo el Presidente a los ejecutivos petroleros cuando los recibió en la Casa Rosada, hace tres semanas. Se habla, incluso, de que podría ser enviada al Congreso a mitad de año, luego de que se logre la reestructuración de la deuda pública.
El proyecto, cuyo autor intelectual originario había sido Guillermo Nielsen, presidente de YPF, ahora está en manos del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene bajo su ala a la Secretaría de Energía. En la cartera que dirige Matías Kulfas dijeron que en los últimos meses se juntaron con todos los actores, empresarios y sindicalistas, y sobre la base de las necesidades que plantearon y de los objetivos que tienen para el país están redactando el proyecto.
Poco parece haber quedado del borrador de Nielsen, que estaba centrado en dar fuertes incentivos fiscales para la producción no convencional de Vaca Muerta. La formación se expande por Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, pero no abarca Santa Cruz, la provincia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Vaca Muerta tampoco es el negocio fuerte de dos importantes familias empresarias del país: los Eurnekian, dueños de Compañía General de Combustibles (CGC), y los Bulgheroni, accionistas de Pan American Energy (PAE). El nuevo proyecto, por lo tanto, estará centrado también en la producción convencional y en las áreas off shore, las exploraciones en el mar costa afuera.
Al momento, el sector todavía espera que se instrumente la ley de solidaridad, que prometía bajar las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos del 12% al 8%.
Las marchas y contramarchas en el sector no se limitan solo al llamado upstream (la producción de hidrocarburos propiamente dicha). La primera señal de que Energía no iba ser un área fácil fue la orden del Presidente de frenar el aumento del precio de los combustibles que había dejado trascender YPF. Solo días antes Fernández había autorizado a Nielsen a aplicar una suba del 5%, pero no del 8%, como pedía. El incremento nunca llegó.
Ahora, con la expansión del coronavirus y la baja del precio internacional del petróleo, el valor en surtidor está en equilibrio con el de paridad de exportación, tras varios meses de estar atrasado. Todavía queda avanzar en dos cuestiones: la actualización del impuesto a los combustibles, que ayudaría a mejorar un poco la recaudación fiscal, y el precio de los biocombustibles, que también está congelado y afecta a la cadena de valor.
A dos meses de haber asumido, aún quedan varios organismos que dependen de Energía sin directores nombrados. Los más resonantes son el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que esperan las designaciones de los interventores que autorizó la ley de solidaridad social.
Otras empresas del Estado, como Integración Energética Argentina (Ieasa, la ex-Enarsa), encargada de administrar las importaciones de gas y de llevar el control de las construcciones de las represas de Santa Cruz, tampoco tiene un director asignado. La Secretaría de Energía todavía no le aceptó la renuncia de Claudia Mundo, la titular anterior, que igualmente ya pasó a trabajar en el gobierno de la ciudad, como consignó el portal Econojournal. Esto trajo complicaciones en las últimas semanas, en las cuales el pico de calor hizo aumentar la demanda de gas para las generadoras de electricidad. El Gobierno tuvo que cortar las exportaciones a Chile que se habían firmado con contratos interrumpibles.
Las consecuencias de las altas temperaturas son una de las principales preocupaciones de Esteban Kiper, presidente de Cammesa, la empresa con control estatal encargada del despacho de energía y del pago a las generadoras. Kiper es hombre del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, igual que Juan José Carbajales, subsecretario de Hidrocarburos. Ambos tienen muy buena imagen en el sector privado.
Los ingresos para financiar el costo de la luz provienen en un 55% de las distribuidoras, que recaudan con las tarifas, y el resto lo aporta el Tesoro. Ambos pagadores están complicados. En el Estado priorizan la responsabilidad fiscal, sobre todo mientras dure el proceso de reestructuración de la deuda, y las distribuidoras, que son reguladas por las provincias, comenzaron de nuevo a retrasar los pagos. Además, mientras dure el congelamiento de tarifas, la proporción de lo que pagan los usuarios es cada vez menor y crece el gasto estatal en subsidios.
El área de renovables es otra en la que todavía no ha habido muchos avances. La sanjuanina Andrea Polizzotto iba a ser designada en la Dirección Nacional de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables, pero su nombramiento nunca se formalizó y hay dudas de si finalmente asumirá el cargo. Hay sectores del Gobierno que dicen que «no se puede echar a alguien que nunca asumió», pero lo cierto es que Polizzotto ya se había mudado a Buenos Aires y actuaba como representante de Energía para ese subsector. Así lo muestra la reunión que tuvo con la Cámara Eólica Argentina (CEA), en la cual les dijo a los empresarios que «existe la voluntad de trabajar para encontrar soluciones que potencien el desarrollo del sector, sin afectar los intereses del Estado».
Se sumaría así a otros funcionarios que duraron poco tiempo en su cargo, como Federico Martelli, exjefe de gabinete de Energía, y Maximiliano Galli, que no llegó a jurar como subsecretario de Coordinación Operativa.
Polizzotto ingresó al Gobierno por recomendación del gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Fue la segunda impronta de los gobernadores peronistas en el sector energético, luego de la designación de Lanziani, que conoció al Presidente a través del exgobernador de Misiones Carlos Rovira. La relación de Lanziani con su padrino político está rota ahora, luego de que rechazara la propuesta de Rovira de designar a Luis Lichowski, ministro de Industria de Misiones, al frente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), una caja de US$1000 millones al año. El organismo a cargo de la represa es otro que está a la espera de que se nombre un nuevo director.
Funcionarios claves
Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo)
La Secretaría de Energía está dentro del organigrama de su ministerio y tomó a su cargo la elaboración del proyecto de nueva ley de hidrocarburos, que hasta entonces venía elaborando Guillermo Nielsen. Su idea es no solo promover la producción en Vaca Muerta, sino también la convencional y las áreas offshore.
Guillermo Nielsen (presidente de YPF)
Llegó a la presidencia de la petrolera estatal desde el sector que encabeza Sergio Massa. Fue el autor del primer borrador de proyecto de ley de hidrocarburos, centrado en dar incentivos fiscales a la producción no convencional. El ajuste de los precios de los combustibles es una tarea pendiente para el sector.
Sergio Lanziani (secretario de Energía)
Llegó a su cargo por el exgobernador de Misiones (su provincia) Carlos Rovira. Hoy está distanciado, tras su rechazo a nombrar un director en Yacyretá que promovía Rovira. Ese cargo aún está pendiente, igual que la Dirección de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables y los interventores en entes reguladores.
Esteban Kiper (presidente de Cammesa)
Está encargado del despacho de energía al mercado y del pago a las generadoras de electricidad. Es de confianza del gobernador Axel Kicillof, y tiene muy buena imagen en el sector privado, donde es muy respetado. Sigue de cerca las consecuencias de las altas temperaturas en el sistema.
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