La derrota electoral y la megadevaluación; el atentado en Arabia Saudita; el temor por una parálisis en Vaca Muerta; el desabastecimiento en las estaciones de servicio; los aumentos en el canal mayorista; las múltiples denuncias judiciales; el pánico a los juicios en el exterior.
Por Sebastián Penelli
El Gobierno nacional dio marcha atrás con la intervención en la industria de los hidrocarburos y descongeló parcialmente los precios del petróleo y los combustibles. ¿Cuáles fueron los motivos para hacerlo? ¿Qué pasó en el sector en el último? ¿Qué presiones se sintieron para tomar esta decisión? ¿Es suficiente el aumento del 4%? ¿Qué pasará hasta fin de año? Veamos:
La derrota electoral y la megadevaluación
El 12 de agosto caló profundo en la industria. La disparada del tipo de cambio por encima de los $60 encendió las alertas de todos los jugadores del sector, en el “up” y el “down”. Para evitar una escalada inflacionaria, Mauricio Macri y Gustavo Lopetegui congelaron los precios por 90 días.
YPF acató la medida y extendió el frío a toda su cadena de proveedores, pero a la vez las provincias productoras y otras petroleras activaron reclamos judiciales.
Para descomprimir, la Secretaría de Energía flexibilizó el DNU con el Decreto 601/2019 y autorizó una suba del dólar para las operaciones con crudo en el mercado local (a $49,50) y prometió millonarios subsidios por cada barril producido. Puso en juego más de $1.700 millones para compensar a las compañías y gobernadores, pero también hubo un rechazo casi unánime.
Un mes después del inicio del congelamiento el tipo de cambio mayorista se instaló en torno a $56 y el petróleo internacional pasó los u$s71, un doble desfasaje simultáneo en las dos principales variables formadoras del precios de las naftas y gasoil.
El atentado en Arabia Saudita
En los últimos días el precio internacional del petróleo aumentó por las crecientes tensiones entre los Estados Unidos e Irán, pero fundamentalmente por el ataque con drones a la refinaría estatal saudí Aramco, productora del 5% de los hidrocarburos a nivel mundial. El atentado del sábado causó conmoción mundial, preocupó a los expertos en seguridad y presionó fuertemente sobre el WTI y el Brent.
Al lunes siguiente, el Brent, el crudo de referencia para la Argentina, tocó un máximo de u$s71,95 y cerró en u$s67,95. La brecha ante el “barril criollo” congelado alcanzó un 15%.
Temor por una parálisis en Vaca Muerta
Por el atraso en los precios, se resintió la actividad en Vaca Muerta con 1.000 trabajadores de grandes empresas suspendidos. Las petroleras no integradas trabajaron en el yacimiento un mes por debajo del costo de producción. El barril para refinación lo entregaban entre u$s42 y u$s45, cuando en la pizarra internacional veían una diferencia superior de hasta 60%.
Al mismo tiempo, las pymes proveedoras de insumos y servicios en Vaca Muerta pusieron un grito en el cielo: alertaron que la situación las ponían en riesgo de quiebra o cierre. La federación neuquina que agrupa a más 400 empresas y emplean a 12.000 personas rechazó la extensión del congelamiento a los proveedores más chicos. Fueron perjudicadas pequeñas constructoras, firmas que se dedican al alquiler de equipos especiales, venta de materiales eléctricos, instrumental de medición, servicios de calibración, logística, transporte de petroleros y hasta un emprendimiento de agricultura hidropónica, que elabora viandas para operarios y jerárquicos.
Desabastecimiento de nafta y gasoil en las estaciones de servicio
Pocos días después del congelamiento algunos expendedores del interior del país denunciaron desabastecimiento de combustibles y problemas con la entrega por cupos. Las quejas se escucharon en localidades del interior bonaerense y fundamentalmente de las denominadas “estaciones blancas”, que no pertenecen a ninguna petrolera y tienen un rol social importantísimo en las comunidades regionales.
Los estacioneros sin bandera -unos 1.000 de las 4.850 estaciones totales-, aseguraron que la provisión no cubría la demanda y que pasaron varios días “sin producto”. La falta de naftas para vender y la caída en el consumo de otros artículos no combustibles que se consiguen en las estaciones afectaron fuertemente la recaudación de agosto y mitad de septiembre.
A esta “mini crisis” se le agrega que la Secretaría de Energía todavía no solucionó definitivamente el problema que les genera a los estacioneros las altas comisiones por depositar el efectivo en los bancos y por vender con tarjetas.
Los empresarios también habían comenzado a expresar por lo bajo su preocupación por la insistencia del sindicato de estacioneros para que paguen un bono de $5.000 y hasta un posible ajuste por inflación de la paritaria.
Aumentos de precios en el canal mayorista de los combustibles
Días después del congelamiento se detectaron aumentos en el canal mayorista, que abastece principalmente al agro. Ese rubro representa el 17% del total del volumen comercializado, lo que sumado al 30% de otros productos no congelados de precio originalmente (combustibles de aviación, buques, asfaltos, lubricantes y otros) hace que el 47% del volumen total no quede atrapado en los decretos de Macri.
Tras la primera flexibilización, este “gris legal” permitió que importantes jugadores apliquen subas indiscriminadas, en sintonía con el dólar oficial y el barril internacional. Expertos en hidrocarburos anticiparon que el aumento del precio mayorista generó una presión muy fuerte sobre los valores en surtidores y que era inminente que parte de ese diferencial se traslade al resto de los consumidores.
Múltiples denuncias judiciales contra el congelamiento (pánico a que crucen las fronteras)
Por el congelamiento se presentaron varias denuncias penales y amparos para dejar sin efectos los DNU de Macri. Neuquén, Río Negro, la Pampa y Santa Cruz argumentaron que las medidas afectan sus regalías y pone en peligro inversiones, lo que amenaza no sólo con quebrar la estabilidad macro sino con alterar la paz social en los yacimientos. Fuentes judiciales anticiparon a Ámbito que uno de estos trámites estaba por mostrar trascendentales avances.
La compañía Vista Oil & Gas, que dirige el exCEO de YPF Miguel Galuccio, también presentó una demanda ante los tribunales federales contenciosos administrativos para voltear la medida.
Para aflojar las tensiones, Lopetegui ofreció a las empresas productoras y los gobernadores una compensación de $116,10 por barril de petróleo entregado al mercado local durante los últimos 30 días. De ese monto, 88% iría a las compañías y 12% a las provincias. En tanto que a los productores de biodiesel ofertó unos $2.000 extra por tonelada producida. A cambio, y por temor a una oleada de juicios en los tribunales de Nueva York, el secretario les exigió que renuncien a cualquier tipo de reclamo judicial en el país o el extranjero contra el Estado nacional.
Con la sangre en el ojo y furiosos por la exigencia para cobrar los subsidios, las provincias, algunas petroleras y hasta los cámara de productores de biocombustibles dijeron que mantener indemne al Estado a cambio de recibir una compensación era una lista y llana extorsión. Sin ir más lejos, los fabricantes del bioetanol denunciaron penalmente a Lopetegui por «incumplimiento de las leyes».
Impuestos pendientes de aplicación aportarán otro incremento de al menos 4%
Otra medida tomada por Hacienda y Energía para compensar a las petroleras fue la cuarta postergación de la entrada en vigencia del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) correspondiente al primero de septiembre.
Con el Decreto 607/2019 se resolvió que ese ajuste, que se hace cada tres meses en base a la inflación oficial acumulada en el período previo, se mantenga congelado hasta el 30 de noviembre próximo.
“Si bien hasta agosto quedaban pendientes valor menores del ICL, con la inflación estimada a fin de año por arriba del 50%, seguramente el ajuste del tercer trimestre en los impuestos rondará 10% a 12%, lo cual implicaría alrededor de un 4% extra en precio final”, estimó a este medio un dirigente empresario.
Si se tiene en cuenta la variación del tipo de cambio y el precio internacional del petróleo, y más allá del 4% autorizado este jueves por el Gobierno y los impuestos pendientes, el atraso en los combustibles todavía ronda entre 25% y 30%.
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