Frente a un escenario laboral cada vez más golpeado por efecto del parate económico impuesto por la pandemia, el Gobierno ratificó su decisión de mantener las medidas destinadas a profundizar la asistencia a las empresas para garantizar el pago de salarios y a extender los mecanismos dispuestos para evitar un mayor deterioro del empleo.
Así, luego de confirmar la semana pasada la continuidad de los subsidios enmarcados en el programa ATP, el Ejecutivo oficializará en las próximas horas el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que volverá a prorrogar la prohibición de despidos sin causa por otros dos meses hasta el 30 de septiembre próximo.
El DNU, que ya fue firmado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández y sus ministros, supone la continuidad de la medida que su administración fijó apenas iniciada la cuarentena obligatoria (decreto que fue renovado a fines de mayo y vencía el 31 de julio) y que junto con el mecanismo de doble indemnización por despidos establecido en el marco de la declaración de emergencia en diciembre y ya extendido hasta fin de año, apunta a frenar las cesantías de trabajadores en el marco de la crisis.
Incluso, pese a la vigencia de ambas decisiones, desde el inicio del aislamiento y hasta principios de junio ya se contabilizaba la pérdida de unos 272.000 empleos formales, según los datos de la AFIP que fueron relevados por un informe privado.
El estudio, además, destacó que la destrucción de puestos de trabajo se profundizó especialmente en los sectores económicos más afectados por el freno en la actividad, como el caso de la industria de la construcción (-31,2%), cultura y esparcimiento (-14,8%) y hoteles y restaurantes (-11,4%).
Por otra parte, un relevamiento realizado por el Ministerio de Trabajo y al que tuvo acceso El Cronista reflejó que desde el inició del aislamiento el pasado 20 de marzo, un total de 16.532 empresas sellaron diferentes tipos de acuerdos con su respectiva contraparte sindical para aplicar suspensiones de sus plantillas de trabajadores ante la paralización parcial o total de sus actividades.
Además, la cartera laboral homologó otros 272 procedimientos preventivos (PPC) formulados por compañías en situación crítica. En paralelo, el Estado financió desde el arranque de la cuarentena el pago de subsidios Repro para un total de 21.224 trabajadores correspondientes a 166 empresas que solicitaron el beneficio, lo que supuso hasta este mes un costo fiscal total de $ 230 millones.
Fuente: https://www.cronista.com/economiapolitica/Prohiben-despidos-hasta-octubre-y-suman-suspensiones-20200726-0017.html
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